El asesor presidencial denunció presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez y cuestionó su utilización con fines políticos. Además, sostuvo que el Gobierno nacional busca dar de baja los beneficios fraudulentos para evitar que los recursos destinados a personas con discapacidad sean perjudicados por estas prácticas.

La polémica por un presunto certificado de discapacidad irregular atribuido a Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, generó una nueva discusión sobre los controles en el otorgamiento de pensiones por invalidez. En ese contexto, Santiago Caputo cuestionó las presuntas irregularidades del sistema y apuntó contra la utilización política de estos beneficios.

“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”, afirmó el asesor presidencial a través de sus redes sociales. La cifra fue presentada por Caputo sin acompañarla, en su publicación, de documentación que permita verificarla.

El funcionario denunció la existencia de certificados que, según sostuvo, habrían sido otorgados por dirigentes políticos a familiares, amigos y conocidos, o utilizados con fines partidarios.

Sus declaraciones surgieron después de que circulara una acusación contra Uhrig por un supuesto certificado de discapacidad falso que habría sido emitido durante la gestión de Walter Festa, su expareja, al frente del municipio de Moreno. La denuncia difundida en redes no permite, por sí sola, establecer que el documento sea falso o que se haya cometido una irregularidad.

Caputo también defendió los intentos del Gobierno nacional de revisar las prestaciones obtenidas fraudulentamente y cuestionó al Congreso por las iniciativas que, según su interpretación, dificultan esos controles y buscan ampliar la cantidad de pensiones existentes.

Uno de los puntos centrales de su planteo fue el impacto que los beneficios irregulares podrían tener sobre las personas que efectivamente necesitan asistencia. Según sostuvo, la utilización indebida de recursos públicos perjudica la calidad de las prestaciones destinadas a quienes tienen una discapacidad.

Finalmente, Caputo calificó la situación como una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años y reclamó una revisión del sistema de pensiones por invalidez, en medio del debate sobre los controles, la transparencia y la protección de las prestaciones legítimas.