El organismo reuniría al Presidente y las principales áreas del Gobierno para definir una estrategia de seguridad nacional. El proyecto también contempla procedimientos para controlar buques, medidas contra el terrorismo y sanciones por explotar recursos sin autorización argentina.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone crear un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar las decisiones destinadas a proteger el territorio, los espacios marítimos y los recursos argentinos. La iniciativa busca reunir herramientas diplomáticas, económicas, militares y de inteligencia dentro de una estrategia común.

El organismo estaría encabezado por el Presidente e integrado por la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica. Entre sus responsabilidades estarían la política de seguridad nacional y la protección de la infraestructura crítica y la soberanía.

La propuesta combina esa estructura de conducción con medidas concretas. Entre ellas figuran un nuevo procedimiento para controlar buques y proteger los espacios marítimos y fluviales, el otorgamiento de rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento —RePET— y un endurecimiento de las sanciones por la explotación de recursos sin autorización argentina.

Estas últimas incluyen multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años, dependiendo del delito y de las responsabilidades acreditadas. El objetivo es desalentar las actividades no autorizadas y aumentar las consecuencias económicas y penales para quienes participen en ellas.

El Consejo aportaría una instancia para vincular esas herramientas con objetivos nacionales. Por ejemplo, una situación que afecte los recursos marítimos puede requerir vigilancia, información de inteligencia, gestiones diplomáticas y procedimientos administrativos o judiciales. La coordinación entre áreas permitiría organizar esas respuestas, respetando las competencias de cada organismo.

En el marco más amplio de los anuncios del Gobierno, la Base Naval en Ushuaia también apunta a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. Su ubicación resulta estratégica por la proximidad con Malvinas y su proyección hacia los espacios australes. Esa infraestructura y las herramientas previstas en el proyecto representan dimensiones complementarias de la protección de los intereses nacionales.

La iniciativa deberá ser debatida por el Congreso. Su implementación requeriría traducir la estrategia general en responsabilidades, recursos y procedimientos concretos, para que la coordinación institucional tenga efectos sobre la capacidad del Estado de proteger el territorio y sus recursos.