La presentación alcanza a las empresas y sus directivos vinculados al proyecto Sea Lion por operar sin autorización argentina. La administración de Milei también solicitó embargos preventivos, inhibiciones de bienes y que se investiguen posibles delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

El Gobierno nacional denunció penalmente a cinco empresas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas por avanzar con actividades hidrocarburíferas sin autorización ni concesión del Estado argentino. La presentación también alcanza a los directivos y responsables que hayan participado de las operaciones.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Las firmas apuntadas son Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.

Además de la investigación penal, el Gobierno solicitó embargos preventivos, inhibiciones de bienes y el eventual decomiso de los equipos, materiales y petróleo que sea extraído en el marco del proyecto.

La presentación también pide determinar si la estructura empresarial utilizada para financiar y desarrollar Sea Lion podría encuadrar en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. A su vez, solicita investigar posibles delitos ambientales y de contrabando.

Sea Lion contempla la perforación de 11 pozos submarinos y tiene previsto comenzar a producir petróleo en 2028. Para el Gobierno argentino, el avance del proyecto sin autorización nacional afecta los derechos soberanos del país sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

La denuncia se enmarca en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para fortalecer la posición argentina sobre las Islas Malvinas. El paquete incluye mayores sanciones contra las compañías que operen sin autorización argentina, el avance de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que estas acciones buscan fortalecer las capacidades del Estado para proteger el territorio, los recursos naturales y los intereses estratégicos de la Argentina.