Un paradoja presupuestaria expone un dilema recurrente en la gestión pública argentina: existe dinero asignado para prevenir inundaciones, pero no se ejecutan las obras que deberían realizarse con esos fondos. En cambio, el dinero termina financiando las cuentas del Tesoro.

El fondo en cuestión fue establecido mediante legislación específica para enfrentar el problema de inundaciones en el país. Sin embargo, en la práctica, los recursos se han desviado hacia necesidades fiscales más inmediatas, dejando pendiente la inversión en infraestructura de protección hídrica.

Según análisis disponibles, no existe un problema de falta de presupuesto sino de priorización. La plata está ahí, disponible en las arcas, pero la decisión de canalizarla hacia las obras que la ley manda simplemente no se toma.

Esta situación refleja una brecha común entre lo que se legisla y lo que se ejecuta en materia de políticas públicas. Los fondos vinculados a proyectos específicos enfrentan constantemente la presión de ser redirigidos hacia otras áreas cuando la necesidad fiscal apremia.

Las consecuencias las padecen las regiones más vulnerables a inundaciones, que dependen de esa infraestructura para reducir riesgos. Mientras tanto, el aparente superávit de recursos disponibles contrasta con el déficit real de trabajos completados en el terreno.

El desafío futuro será establecer mecanismos más robustos que garanticen que los fondos destinados a fines específicos efectivamente se utilicen para eso, independientemente de las presiones presupuestarias coyunturales.

Imagen: Nataliya Vaitkevich / Pexels – Con informacion de Clarín Rural