El proyecto reconoce la competencia provincial para definir qué áreas deben ser protegidas según su función hídrica y evaluar actividades, con el objetivo de mejorar la aplicación de la norma y garantizar el cuidado del ambiente.

El proyecto de la Ley de Glaciares incorpora un eje central vinculado al fortalecimiento del federalismo, al reconocer a las provincias un rol más activo en la implementación de la norma. La iniciativa parte de un principio constitucional: los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, por lo que su participación resulta clave para una aplicación efectiva.

En ese marco, se establece que serán las jurisdicciones provinciales las encargadas de determinar qué glaciares o sectores del ambiente periglacial cumplen una función hídrica relevante y, por lo tanto, deben ser protegidos. Este criterio busca mejorar la precisión en la aplicación de la ley, con decisiones basadas en las características concretas de cada territorio.

Además, el proyecto les otorga un rol central en la evaluación de actividades a través de los estudios de impacto ambiental, donde se analizará caso por caso si una intervención es compatible con la protección de los recursos hídricos. Esto permite un enfoque más específico, evitando interpretaciones generales que no contemplan las particularidades locales.

Desde el enfoque oficial, este esquema no implica una modificación del fondo de la ley, sino una mejora en su implementación, al asignar responsabilidades a quienes tienen conocimiento directo del territorio. De esta manera, se busca una aplicación más eficiente, con mayor coordinación entre niveles de gobierno y mejores resultados en la protección ambiental y el desarrollo productivo.