La líder de la Coalición Cívica respaldó al dirigente Matías Yofe durante su declaración en Pilar y cuestionó el accionar de la Justicia bonaerense, al que vinculó con sectores cercanos al excandidato a presidente.
Elisa Carrió se presentó este lunes en la fiscalía Nº3 de Pilar para acompañar al dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe, quien fue citado a declarar en una causa por presunta extorsión iniciada a partir de la denuncia de un exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio.
Durante la audiencia, Yofe decidió no responder preguntas y se limitó a escuchar la imputación en su contra. La investigación se originó a partir del testimonio de un exempleado de D’Onofrio, quien aseguró haber sido presionado para declarar contra su exjefe en el expediente por el presunto fraude con fotomultas que se tramita en la Justicia Federal de Zárate-Campana.
Carrió, que además integra la defensa del dirigente pilarense, cuestionó el allanamiento realizado días atrás en el domicilio de Yofe y sostuvo que el procedimiento tuvo una intencionalidad política. Según afirmó, el operativo buscó acceder a documentación vinculada a denuncias previas por presunto lavado de dinero y coimas que involucran a exfuncionarios provinciales y a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
En ese marco, la referente de la Coalición Cívica apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa, al sostener que sectores de la Justicia provincial responden a su espacio político. También cuestionó al juez de garantías que autorizó el allanamiento y denunció irregularidades en el procedimiento.
Yofe es uno de los denunciantes en la causa conocida como “la mansión de los 20 millones de dólares”, que investiga presunto lavado de dinero atribuido a dirigentes de la AFA. Tanto él como Carrió figuran como denunciantes del exministro D’Onofrio, quien permanece procesado en la causa de las fotomultas.
Mientras la investigación continúa, el caso suma tensión política y expone un nuevo cruce entre la Coalición Cívica y el massismo, con la actuación del Poder Judicial bonaerense como eje central de la controversia.



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