El Gobierno nacional aprobó un plan para reducir cerca del 10 % del personal estatal con el fin de eliminar cargos innecesarios, funciones duplicadas y estructuras superpuestas. La reestructuración, anunciada por la Jefatura de Gabinete, apunta al saneamiento del aparato estatal y a evitar “gastos superfluos” derivados de organismos redundantes. 

Según los datos oficiales, entre diciembre de 2023 y 2025 ya se eliminaron más de 58.000 puestos públicos, lo que representa una baja cercana al 10,6% de la plantilla total, incluyendo administración central, empresas estatales y entes descentralizados.  El Gobierno sostiene que muchos de esos cargos correspondían a entidades con funciones superpuestas o redundantes, herencia de gestiones anteriores. 

En la etapa que comienza ahora, el foco estará en organismos descentralizados, como agencias, institutos y entes de control, con publicidad de las funciones que se fusionarán o eliminarán. El Ejecutivo afirma que el objetivo no es despedir por capricho, sino ordenar la estructura estatal, ahorrar recursos públicos y priorizar una administración más liviana y funcional.